Nuevo reto para la inclusión social en Chile

En el Índice de Inclusión Social, un indicador dado a conocer recientemente por la revista Americas Quarterly, publicación trimestral de la Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas, Chile ocupa el primer lugar entre un grupo de once países del hemisferio, superando a sus vecinos en términos de crecimiento económico y derechos políticos y civiles, lo mismo que en acceso a educación, vivienda y empleo formal, independientemente de las diferencias que existen en el país entre géneros y grupos étnicos. Ser la nación que más “incluye” a su población es un logro importante, pero es necesario estar atentos a las nubes que aparecen en el horizonte.

De acuerdo con los resultados del Índice, Chile se encuentra en el punto más alto o muy cerca de alcanzarlo, en la escala que mide a los países de Latinoamérica en materia de educación, derechos ciudadanos y recursos económicos que se destinan a programas sociales. En educación, por ejemplo, es notable la poca diferencia de acceso a la enseñanza secundaria entre chilenos de distinto origen étnico. Cerca del 90% de los chilenos de piel blanca y alrededor del 89% de los que tiene origen indígena o africano, se encuentran matriculados en la escuela secundaria. Algo similar sucede al comparar el poder adquisitivo. Las diferencias en términos de raza o etnia entre quienes subsisten con más de 4 dólares al día –alrededor de dos mil pesos chilenos- tampoco son significativas: 88% en el caso de los chilenos de piel clara y 81% para indígenas y otras etnias.

Si bien es cierto que en términos absolutos Chile tiene una población indígena y negra muy inferior a la de países como Guatemala, Bolivia o Perú, lo relevante aquí es que comparada con la población blanca, la proporción de ciudadanos de otras etnias que efectivamente accede al bachillerato es 23% inferior en el caso de Guatemala, 15% inferior en el de Bolivia y está 17% por debajo en el Perú. La misma distorsión se observa al estudiar la pobreza, medida como porcentaje de las familias que sobreviven con el equivalente a dos mil pesos chilenos por día.

A diferencia de otros países en la región, Chile no ha tenido nunca que enfrentar el reto de integrar a una población heterogénea distribuida a lo largo de una extensa geografía en la que impera el vacío de poder. Tampoco ha padecido el trágico legado de la sumisión y el racismo. Su robusto crecimiento promedio de 3,8% en los últimos 10 años, así como la efectividad y concentración de sus programas sociales –que lo colocan en quinto lugar en gasto social en la región—han contribuido a elevar los estándares de vida de todos sus ciudadanos.

Sin embargo, la inclusión social va más allá del crecimiento económico, la inversión social y el acceso a bienes públicos. A largo plazo, la sostenibilidad de la inclusión social depende de los derechos y la capacidad de los ciudadanos de participar e influir en las políticas de sus países. Chile es un país líder en los indicadores mencionados, pero debe estar atento para dar salida a las tensiones que parecen surgir.

De una parte, el nivel de otorgamiento de poder a los ciudadanos, de manera que estos se sientan capaces de entender e influir sobre los eventos políticos en Chile, es inferior en el país austral al de vecinos como Uruguay e inclusive de Nicaragua. En la escala de la confianza ciudadana de que sus inquietudes serán escuchadas por el gobierno, Chile ocupa el tercer lugar. Recientes protestas populares sugieren un sentimiento de desconexión política y social, y señalan el nuevo reto para la inclusión social en Chile: reformar el sistema político para atender de forma más eficiente las necesidades de los ciudadanos.

Esta medida es necesaria por razones que transcienden a la política y la democracia. A pesar de ser uno de los países más inclusivos de América Latina, entre la élite industrializada de los miembros de la OCDE a la que Chile pertenece, el país figura como el más desigual de todos. Enfrentar esos desafíos requiere ir más allá del crecimiento económico e inclusive del esfuerzo por aumentar la ya significativa inversión social. El eje de esa transformación debe ser una reforma política que cuestione el dominio electoral sobre el Estado que una reducida élite ha mantenido desde la transición a la democracia. Si Chile ha de mantener sus admirables niveles de inclusión social a nivel regional y equipararse a los otros países de la OCDE, enfrentar el desafío de la participación ciudadana será su reto más inmediato.

Christopher Sabatini es director de Política de la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas, Editor en Jefe de la revista Americas Quarterly.