Remarks: Arturo Valenzuela, Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs

Introducción

Nos reunimos hoy teniendo tristemente presente la enorme tragedia que ha dejado Haití en ruinas. Los Estados Unidos reafirma su compromiso para trabajar, junto con los demás países del continente americano y otros países en todo el mundo para ayudar a los haitianos afrontar la crisis inmediata. La semana pasada viajé a Puerto Príncipe con la Secretaria y presencié los daños directamente. También viajé a Santo Domingo y después acompañé a la Secretaria a Montreal para comenzar las conversaciones con los donantes sobre la tarea inmediata e ingente de coordinar la ayuda internacional a corto y largo plazo.

Las labores de rescate y ayuda en Haití son amplias e internacionales. El gobierno haitiano está dirigiendo las laboras de ayuda y recuperación en la medida de lo posible, en las circunstancias más difíciles que se puedan imaginar, dada la situación de derrumbamiento físico e institucional. Estados Unidos está consultando y coordinando estrechamente sus esfuerzos con las autoridades haitianas, la ONU, la Unión Europea y la comunidad internacional. Estamos trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana junto con la comunidad internacional y las ONGs que están sobre el terreno.

La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Haití, encabezada por Brasil, tiene la responsabilidad principal de la seguridad, que es esencial para que se puedan llevar a cabo los esfuerzos de rescate y ayuda. Estados Unidos brinda y brindará todo el apoyo posible, pero no suplantará a la ONU en este papel. Las fuerzas de Estados Unidos solo se han responsabilizado por apoyar los esfuerzos humanitarios – con desafíos logísticos en un país que se encuentra devastado.

La respuesta de Estados Unidos y la comunidad internacional ha sido rápida, masiva y crece conforme pasa el tiempo. Alimentos, agua, material médico y otra ayuda esencial están entrando masivamente en el país y los cooperantes están trabajando sin descanso para distribuirla entre los que más lo necesiten. Equipos de rescate urbano estadounidenses e internacionales han trabajado, sin tregua, desarrollando esfuerzos urgentes y masivos que salvaron muchas vidas. A lo largo de las últimas 24 horas, la comunidad internacional ha acelerado las entregas normales de agua y alimentos. Haití se encuentra ante grandes retos: infraestructuras devastadas, transporte limitado y problemas de seguridad, pero juntos estamos superando los obstáculos y haciendo más cada día.

Sin embargo, aunque estemos conmocionados por la envergadura de esta tragedia, tenemos también que pensar desde ya como pasar a la segunda fase de estabilización y una tercera de construcción y ayuda para que Haití pueda encontrarse en un desarrollo sostenible.

Me encuentro en España para compartir juntos sobre Haití. Pero también sobre nuestra profunda colaboración en temas Iberoamericanos.

El continente americano ha cambiado enormemente en el último cuarto de siglo, en términos económicos, sociales y de progreso político. Al mismo tiempo, siguen habiendo retos persistentes, a saber, la consolidación democrática y la implantación del imperio de la ley, el fin de la pobreza, las graves desigualdades sociales y los grandes déficits de competitividad, medidos por normas internacionales.

Históricamente, debe reconocerse que el compromiso histórico de EEUU con nuestros vecinos ha sido con frecuencia esporádico y discontinuo. A menudo nos hemos implicado profundamente en tiempos de crisis, abandonando nuestra atención y compromiso con demasiada rapidez, haciendo difícil salvaguardar algunos de nuestros intereses vitales. Con frecuencia, otras prioridades comprensibles en otras partes del mundo han impulsado nuestra política exterior. O bien, como argumenta Abraham Lowenthal, han reflejado con demasiada frecuencia un gran entramado de lo que él llama consideraciones "intermésticas", aquellas que están definidas por la política nacional o contenciosos partidistas internos, que, aunque son comprensibles, no han promovido nuestros objetivos más amplios.

Ha llegado el momento de que reafirmemos que efectivamente tenemos intereses vitales en el continente americano, intereses vitales compartidos que hemos de abordar de forma estratégica y no de forma ad hoc. ¿Cuáles son estos intereses? Entre los más importantes está la consolidación de sociedades democráticas estables y conseguidas, capaces de prosperar y mejorar las vidas de sus pueblos, con gobiernos que se ocupan de la seguridad ciudadana y garantizan el imperio de la ley. Países vulnerables, instituciones débiles, profundas desigualdades privan a los ciudadanos de oportunidades básicas y crean condiciones que contrarrestan estos intereses vitales compartidos. Para promover la evolución hacia el éxito de las naciones de América no podemos ni debemos imponer nuestras propias fórmulas o perspectivas. Tenemos que desarrollar alianzas estratégicas y explotar al máximo la "potencia inteligente", centrándonos más creativamente en programas de desarrollo e iniciativas diplomáticas.

Hoy, a pesar de la retórica fácil aquí y allá, existe un amplio consenso respecto al camino que hay que seguir: la vía de los mercados y las medidas inteligentes y eficaces. Es el momento de renovar la colaboración y la relación de los socios. Es, sin duda, un momento para mirar más allá de nuestras historias y reconocer lo mucho que tenemos en común.

Tenemos la oportunidad de reorganizar nuestras relaciones alrededor de amplios intereses comunes que no están limitados por la diplomacia bilateral entre un estado y otro, las tradicionales estructuras macro-multilaterales o la ideología. En cambio, tenemos la oportunidad de construir relaciones más fluidas, prácticas y que responden más a las necesidades de nuestros pueblos.

Ello incluye nuevas formas de hacer partícipes a la sociedad civil y al sector privado, tanto dentro como a cada lado de las fronteras, para que el talento y la energía de sociedades enteras puedan orientarse mejor a alcanzar objetivos comunes. Asimismo, incluye nuevas agrupaciones informales de estados capaces y comprometidos para realizar actuaciones concertadas, nuevas estructuras multilaterales como el G-20 y nuevos empeños con socios de otras regiones.

Al hacerlo, tenemos que evitar una concepción maniquea del mundo, en la que los países están divididos de forma simplista en amigos y enemigos y los dirigentes clasificados como buenos o malos. Eso conduce a malos planteamientos políticos, al pasar por alto complejas historias nacionales. De hecho, la reciente lucha para consolidar la democracia en América es muy variada. Una política inteligente es aquella que se basa en un entendimiento de los factores históricos y estructurales y contribuye a que emerjan distintos tipos de liderazgo y respuestas nacionales antes retos difíciles. En consonancia con este criterio, puede que no queramos agrupar a los países de forma simplista en ciertas cestas, aunque a veces ellos procuren etiquetarse de una forma concreta.

Todo entendimiento bien fundado del continente americano también tiene muy en cuenta las enormes diferencias de desarrollo nacional entre países e incluso entre regiones. No nos conviene mantener un enfoque uniforme y esto es aplicable tanto a nuestras relaciones bilaterales como a las prioridades temáticas más amplias. Sea en material de política energética, de reducción de la pobreza o de seguridad pública, tenemos que calibrar nuestras actuaciones individualmente para reflejar las realidades nacionales y subregionales.

Después de haberme desviado para subrayar estos criterios, es posible identificar, por otra parte, intereses ampliamente compartidos fundamentales para las aspiraciones y el éxito de los pueblos de todo el hemisferio. Están estrechamente conectados y, de hecho, se refuerzan mutuamente. Hoy forman las bases de nuestra relación de socios y nuestro liderazgo en la región. Incluyen la necesidad de ampliar las oportunidades para todos los ciudadanos, especialmente los que tradicionalmente han sido marginados; la necesidad de que nuestros ciudadanos estén más seguros y el imperativo de reforzar y defender la gobernanza democrática.

Oportunidad y búsqueda de competitividad

A lo largo de los últimos dos decenios, en gran parte de la región, el aumento de las exportaciones y el éxito de unas reformas fiscales y monetarias clave han impulsado el crecimiento y han ayudado a muchos países a acumular importantes reservas. Como consecuencia, Latinoamérica se ha visto afectada por la crisis económica mundial que comenzó el año pasado menos adversamente. Algunos países, como Brasil, han pasado rápidamente a mostrar un nuevo crecimiento asumiendo a la vez liderazgo internacional. Sin embargo, esta imagen se ve complicada por la dura realidad de que la pobreza y la desigualdad afectan a la mayoría de los países de la región; de hecho, Latinoamérica tiene algunos de los más altos índices de desigualdad del mundo en cuanto a ingresos.

Se decía antes que era el comercio, y no la ayuda, el que iba a ser la fuerza motriz para superar las pautas del subdesarrollo. Hoy entendemos que el comercio es indispensable, ya que eleva todas las economías al hacer crecer la prosperidad mundial. Pero también entendemos que el comercio no es suficiente.

Hoy reconocemos una realidad incontrovertible: la ampliación de las oportunidades es indispensable para construir sociedades prósperas, seguras, democráticas y justas. En un mundo competitivo y globalizado, la expansión de las oportunidades requiere dos cosas: la inversión en infraestructuras y la inversión en personas. No hay ningún atajo. Sin carreteras, puentes, puertos, centrales eléctricas y aeropuertos adecuados, los bienes simplemente no pueden llegar al mercado ni en el interior ni en el exterior del país. Sin formación ni educación, para todos y no sólo para la elite, la gente se queda atrás; las sociedades se ven privadas de su talento y laboriosidad y los países quedan rezagados, lo que puede convertirse en un abismo insuperable en un mundo cada vez más competitivo, en el que otras regiones están optando por políticas acertadas y equipando a sus pueblos y sociedades para competir y ganar.

Estamos trabajando con socios regionales de muchas maneras para ampliar la movilidad y la justicia social, crear unos cimientos más sólidos para el crecimiento económico y asegurar que los beneficios del crecimiento y del comercio se distribuyen más equitativamente, especialmente entre las mujeres y los grupos tradicionalmente marginados. Éstas son prioridades americanas, prioridades que se aplican a los pueblos de todos los países de Latinoamérica.

Permítanme citar algunos ejemplos concretos:

El pasado mes de mayo, la Secretaria se unió a sus homólogos en la iniciativa "Caminos hacia la Prosperidad" para relanzar la iniciativa y centrar el enfoque en extender los beneficios de la integración económica en nuestras sociedades, especialmente entre grupos tradicionalmente excluidos. En Washington, organizamos un coloquio de empresarias de países participantes en Caminos para lanzar una red de contactos con el fin de compartir buenas prácticas. En marzo, Costa Rica celebrará una reunión ministerial que centrará la atención en cuestiones como la habilitación económica de la mujer, los esfuerzos para la reforma aduanera, la seguridad en las operaciones y la importancia del turismo en la promoción de las oportunidades económicas.

El crecimiento económico a largo plazo, tan crítico para el bienestar de nuestros ciudadanos, requiere el acceso sostenible a créditos, especialmente para las pequeñas y las micro-empresas. Para que estos créditos empiecen a fluir, el Presidente se ha unido al Banco Interamericano de Desarrollo para crear el Fondo de Crecimiento Microfinanciero en abril del año pasado.

Para promover oportunidades hacen falta no sólo importantes inversiones, sino también ideas. Al trabajar para satisfacer las necesidades de sus pueblos, muchos dirigentes latinoamericanos están probando políticas innovadoras con muy buenos resultados. México y Brasil han sido pioneros en nuevos programas de transferencia condicional de dinero que reducen la pobreza, aumentan el acceso a las oportunidades y son objeto de atención en todo el mundo. Todos nuestros países se enfrentan a retos sociales y debemos aprender de las experiencias de los demás. Lo estamos haciendo a través de la participación en la Red Interamericana de Protección social que se lanzó el pasado otoño en Nueva York y consiste esencialmente en un centro para conocer las políticas innovadoras, muchas nacidas en Latinoamérica pero aplicables más ampliamente donde la sociedad civil juega un papel fundamental.

La Alianza de las Américas sobre Energía y Clima y nuestra alianza en materia de biocombustibles con Brasil son dos iniciativas innovadoras en curso que merecen atención en este contexto. La búsqueda y la producción de energía alternativa representan oportunidades potencialmente vastas; oportunidades para la investigación y el desarrollo; oportunidades para que los países de la región –muchos de los cuales cuentan con capacidades avanzadas y gran potencial en este campo— avancen por la cadena de valor, creando puestos de trabajo y generando crecimiento. Las nuevas demandas energéticas, en una nueva economía, ofrecen nuevas formas de trabajo conjunto con nuestros socios para crear nuevas oportunidades para nuestros ciudadanos y hacer avanzar nuestros intereses económicos.

En toda la región, Estados Unidos también está trabajando como socio en una serie de iniciativas educativas innovadoras, como la que tenemos con Chile, que amplía el acceso a la formación post-doctoral de primera clase para estudiantes de procedencia menos privilegiada. La novedosa alianza entre Chile y California está permitiendo que las instituciones educativas puedan compartir experiencias y mejorar el nivel educativo. Con Chile también hemos firmado recientemente un memorándum de entendimiento donde nos comprometemos a coordinar nuestros programas de cooperación con terceros países – tema que también estamos discutiendo esta semana en España.

Seguridad ciudadana e imperio de la ley

En sondeo tras sondeo en toda América, una de las preocupaciones populares más importantes es la seguridad ciudadana. Tanto en zonas urbanas como rurales, la delincuencia común y organizada han aumentado de forma dramática. Hoy, más que nunca, las amenazas a las que hacemos frente están interconectadas. La delincuencia transnacional y local y la corrupción se alimentan en círculos viciosos que perjudican a las personas de a pie y obstaculizan las oportunidades sociales y el crecimiento económico. La delincuencia está interconectada mediante nuevas formas y tenemos que plantear una respuesta también en red a la que puedan contribuir todos los países. En los países democráticos, conseguir esto requiere la comprensión y la aceptación de la opinión pública basada en los intereses compartidos.

Estamos estableciendo estas alianzas fundadas en un amplio compromiso con la seguridad ciudadana, un compromiso que reconoce la vinculación de las diversas amenazas a nuestra seguridad y que todo al fin y al cabo trata sobre la seguridad de seres humanos. Lo estamos haciendo con un espíritu de pragmatismo y sinceridad, reconociendo nuestra corresponsabilidad frente a muchos de estos problemas, alimentados por nuestra demanda de estupefacientes y por el flujo ilícito de dinero y armas por nuestras fronteras del sur. Durante mucho tiempo, muchos en la región han percibido la cooperación con nosotros en materia de seguridad como un esfuerzo unidireccional cuyos términos dictábamos nosotros. Estamos cambiando esta percepción y ésta es la razón por la que en nuestros esfuerzos para reducir el tráfico de drogas necesitamos extender nuestra cooperación a todas las dimensiones, incluida la erradicación de los cultivos, la prohibición de las drogas y la reducción de la demanda. Cuando visité Brasil y Argentina hablé con mis homólogos sobre nuevas formas de colaboración para poner fin al tráfico de drogas promocionando a la vez estrategias alternativas de desarrollo.

Conforme a la iniciativa de Mérida, estamos trabajando con México y Centroamérica de muchas formas nuevas. Esta experiencia con México está forjando niveles sin precedentes de confianza mutua. Nuestras aportaciones son pequeñas en comparación con las de aquellos gobiernos y con el valiente sacrificio de sus pueblos, pero juntos, nuestros esfuerzos están teniendo un impacto estratégico. Estas alianzas están ayudando a reforzar las instituciones de forma que tendrán resultados más amplios en el futuro y están ayudando a formar comunidades resistentes ahora, que son la defensa ulterior contra los efectos de la delincuencia transnacional.

Es interesante ver cómo ayudan en este proceso las nuevas tecnologías. Hace unos meses en México participé con nuestro Embajador, Carlos Pascual, en un programa en la red que lo demuestra. Se unieron a nosotros los dirigentes de cinco organizaciones que han movilizado la utilización de la tecnología de la comunicación en la lucha contra la delincuencia, especialmente los mensajes de texto para informar sobre delitos a las autoridades y ayudarles a hacer el seguimiento de los mismos.

A medida que México y Centroamérica obtengan resultados, se desviará más tráfico delictivo hacia los países del Caribe. Preocupados, sus gobiernos junto con Estados Unidos han desarrollado conjuntamente una Iniciativa de Seguridad en el Caribe (Caribbean Basin Security Initiative), la primera vez que estos países nos han solicitado este nivel de alianza. Se encaminará a reforzar las instituciones, las capacidades locales y la coordinación local para permitir que los estados caribeños puedan proteger mejor a su población y a los visitantes frente al auge del tráfico ilícito en esa área.

En la región andina, nuestra alianza está ayudando al pueblo colombiano a lograr la paz duradera y justa que desean, a convertir en irreversible lo que han sacrificado tanto para lograr. Nuestros recursos son sólo el cuatro por ciento (4%) de lo que invierte Colombia, pero al trabajar conjuntamente les estamos ayudando a construir una sociedad de derechos e imperio de la ley que ofrece una nueva protección, dignidad y oportunidades a poblaciones que llevaban mucho tiempo en los márgenes de la sociedad. Nos preocupan naturalmente las actuaciones de otros países que pueden introducir nuevas tensiones que pueden amenazar este progreso o la estabilidad local.

Hay una importante dimensión "diplomática" regional en la seguridad ciudadana también. Los países de la región están desarrollando muchos nuevos mecanismos para coordinar y hacer causa común entre sí, aportaciones que se extienden mucho más allá del continente americano. Somos firmes partidarios del liderazgo cívico mundial de países como Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Costa Rica y otros que han contribuido significativamente a los esfuerzos internacionales de promoción de la paz y la seguridad mundial. De hecho, Uruguay es el segundo contribuyente más importante al mantenimiento de la paz en el mundo en términos per cápita. Esto demuestra la confianza, la capacidad y el éxito de un continente que está dejando atrás muchos de sus problemas y que reconoce lo mucho que tiene para aportar al mundo.

Fortalecimiento de la capacidad del Estado y protección contra la quiebra de la democracia

El debate de la Asamblea General de la OEA en junio de 2009 sobre la re-incorporación de Cuba se convirtió en un examen real de lo que deben ser las guías del sistema interamericano en el siglo XXI. Al final, los miembros reafirmaron que la OEA seguiría siendo una organización de estados vinculados por el respeto de la democracia y los derechos humanos. Desde su fundación en 1948, la OEA se ha edificado sobre dos principios: la no intervención y el compromiso con el gobierno representativo basado en el concepto fundamental legitimador de la soberanía popular de acuerdo con la constitución y la ley. Con la resolución sobre Cuba de la Asamblea General de la OEA en San Pedro Sula que dio la bienvenida a Cuba de nuevo al sistema interamericano se señalaba la voluntad de volver al tiempo que aceptaba los valores democráticos centrales de la Organización, la OEA subrayó la importante evolución del segundo principio en la era posterior a la Guerra Fría, que llama a todos los estados miembros a defender colectivamente la democracia en las Américas. Los dos puntos clave de inflexión para el fortalecimiento de la doctrina de la defensa colectiva de la democracia eran la adopción en 1991 de la Resolución 1080, a petición de varios estados que habían experimentado años de gobierno autoritario, y la posterior ratificación, una década más tarde, de la Carta Democrática interamericana que consagró todavía más dicha doctrina.

Algunas semanas más tarde, los gobiernos elegidos de la región invocaron unánimemente la Carta Democrática interamericana como respuesta ante el golpe del 28 de junio en Honduras. Países de un amplio espectro ideológico aceptaron, a través de la Organización de Estados Americanos, la sencilla verdad central del sistema interamericano moderno: que existe tanto el derecho como el deber de defender colectivamente la democracia en América.

Estados Unidos se unió a la condena unánime del golpe de estado en Honduras y la posterior suspensión de este país del sistema interamericano cuando no se reinstauró al Presidente Zelaya en su cargo. La democracia sigue siendo frágil en América y no podemos tolerar una vuelta a la lógica perversa del pasado de que los problemas de la democracia podían resolverse a través de actos autoritarios. La consolidación de las instituciones y prácticas democráticas requiere que los problemas de la democracia se resuelvan dentro del sistema democrático sin apelar a actuaciones extra-constitucionales.

Cuando al Presidente Zelaya no le fue permitido volver a su cargo por parte del gobierno de facto, la Organización de Estados Americanos intentó encontrar una forma de establecer un diálogo y una negociación para restaurar al presidente legítimo de Honduras. Estados Unidos apoyó enérgicamente dicho esfuerzo, que incluyó primero la mediación del Presidente Arias de Costa Rica y después negociaciones en Tegucigalpa que llevaron a la firma por ambas partes el 30 de octubre de un acuerdo negociado para poner fin a la crisis. Desgraciadamente, ese acuerdo no fue aplicado en tu totalidad. La postura de Estados Unidos siempre ha sido clara: la reinstauración del proceso democrático en Honduras requería la aplicación del acuerdo. Al mismo tiempo, Estados Unidos vio el proceso electoral en Honduras antes del golpe del 28 de junio como parte de la solución, no como parte del problema. Las elecciones no fueron convocadas por las autoridades de facto para blanquear su actuación inconstitucional: estaba en curso desde hacía meses antes del golpe. Pero las elecciones podían considerarse sólo un paso en la resolución de la crisis hondureña, siempre que fuese considerada aceptable según las normas internacionales. Para que Honduras regresara al sistema interamericano tenía que cumplir con los otros requisitos del convenio San José-Tegucigalpa: la convocatoria de un gobierno de unidad nacional y la creación de una comisión de la verdad. El Presidente Porfirio Lobo ha dado importantes pasos en esa dirección, nombrando un gabinete de unidad nacional, permitiendo la marcha del ex Presidente Zelaya y reclamando la reconstitución de la comisión de verificación de la OEA y el establecimiento de una comisión de la verdad. Todos son pasos que esperamos contribuyan a la oportuna reintegración de Honduras en la Organización de Estados Americanos.

La lección de Honduras es que la democracia sigue siendo frágil en algunos países de América. Acordémonos que con el golpe de estado en Honduras son 17 los presidentes que no terminaron sus periodos presidenciales desde el comienzo de esta tercera ola democrática en Latinoamérica - que empezó a fines de los 80. La calidad del gobierno democrático es clave para la integración social y económica y los beneficios que acarrea. Para asegurar y consolidar el gobierno democrático hacen falta dos cosas. Requiere su promoción, a través de mejoras continuadas en la prestación de servicios sociales, una reforzada capacidad del Estado para recaudar e implantar la política, y la protección del imperio de la ley y el acceso a la justicia. Pero también requiere defender el gobierno y los derechos democráticos.

Como ha resaltado la Secretaria Clinton: "…Esto implica asegurarnos de que no sólo celebramos elecciones, sino de que la democracia produce efectos para los ciudadanos, para que puedan comprobar los resultados de las elecciones. Y también significa que no sólo se celebran elecciones una vez, sino periódicamente, de acuerdo con el precedente constitucional y jurídico. Significa una prensa libre y la protección de los grupos minoritarios. Significa un poder judicial independiente y todos los elementos que hacen que las democracias sean sostenibles."

Un tema importante para la Organización de Estados Americanos y los países de este continente es encontrar formas para hacer frente a las crisis de los gobiernos democráticos antes de que conduzcan al quebrantamiento total de las instituciones democráticas. Preveo que la comisión de la verdad en Honduras nos ayudará en este sentido al aportar "elementos", tal como ha sugerido el convenio, para mejorar la calidad de gobierno democrático antes de llegar a crisis que conduzcan al quebrantamiento del régimen.

Esto significa trabajar con otros estados miembros para reforzar el papel de la Organización de Estados Americanos en este campo tan crucial. Hemos aprendido mucho a lo largo de los últimos treinta años sobre cómo mejorar la capacidad de gobierno, cómo extender el imperio de la ley, cómo fortalecer las instituciones representativas tales como los partidos políticos, y cómo hacer el gobierno democrático más eficaz a través de, por ejemplo, mejores prácticas ejecutivas y legislativas. Si trabajamos conjuntamente intercambiando buenas prácticas, podremos fomentar la consolidación de instituciones esenciales para canalizar la competencia para el poder, mientras forjamos y aplicamos las políticas que requieren los países para seguir avanzando y crear mejores niveles de vida para sus pueblos.

Permítanme concluir recordándoles que 2010 es un año especial en América. Marca los bicentenarios de la independencia de Chile, México, Colombia y Argentina, así como el comienzo de un ciclo de conmemoraciones en toda la región. Es un buen momento para reflexionar sobre los pasos que hemos dado para convertirnos en las sociedades abiertas, integradoras y prósperas que imaginaban nuestros fundadores. Y nos comprometemos a seguir avanzando en esta dirección.

La inmensa e inmediata manifestación de emoción y ayuda de todo tipo para con Haití, desde las Américas y todo el mundo, es un testimonio grandioso de la conexión que todos sentimos como naciones y muestra de la forma más conmovedora la sensación de causa e interés comunes que suelda hoy casi toda división en la región. Unidos en un esfuerzo común están Estados Unidos, Cuba, Brasil, Bolivia, Canadá, la República Dominicana y el resto del hemisferio, juntos con el apoyo y la solidaridad de otras naciones e instituciones en todo el mundo. Son imágenes elocuentes y una gran demostración de lo que es posible cuando dejamos a un lado las diferencias y nos centramos en lo realmente importante. Es el futuro por el que todos hemos de trabajar todavía más.

Muchas gracias.