Sembrar el futuro

En Carolina del Norte, sólo siete trabajadores estadounidenses de nacimiento completaron la temporada de cultivos en 2011, apenas un 3% del total de los empleados contratados. De ellos, 90% de los que finalizaron la temporada eran inmigrantes mexicanos. No sólo Carolina del Norte depende del trabajo agrícola extranjero, lo mismo sucede en todo el país. Pero un sistema de inmigración quebrado pone en peligro la posibilidad de que el sector acceda a la mano de obra inmigrante que necesita.

La industria agrícola de Estados Unidos, de 300,000 millones de dólares, emplea a 1.1 millón de trabajadores cada año, de los cuales 70% son de origen extranjero—la mayoría, proveniente de México—y más de la mitad son personas indocumentadas.

Al igual que en otros sectores, las empresas agrícolas se quejan de la falta de trabajadores, especialmente entre la población nacida en el país. Con 76 millones de baby boomers jubilados y casi 46 millones de trabajadores nacidos en Estados Unidos que ingresarán al mercado laboral para 2030, en poco tiempo se ampliará más la brecha laboral en la economía estadounidense.

El actual programa de visa H2-A, que permite a los trabajadores inmigrantes ingresar a Estados Unidos temporalmente para cubrir la brecha laboral del sector agrícola, es obsoleto. El sistema está enredado en largos y costosos procesos para traer a nuevos trabajadores, lo cual ha hecho que el programa no sea del agrado de los empleadores. También perjudica a los trabajadores al atarlos a empresas que los contratan bajo el programa y que quedan más expuestos a la explotación.Si el trabajador es víctima de abuso en su trabajo, rara vez se va a quejar por miedo al despido y a ser deportado.

El proyecto de reforma general del Senado intenta abordar tanto la falta de trabajadores inmigrantes como la explotación de la mano de obra indocumentada. El proyecto de ley podría aumentar el límite de visas para trabajadores agrícolas a 337,000 durante tres años, y el Departamento de Agricultura tendría la responsabilidad de establecer los topes apropiados en cinco años. Según Regional Economic Models, el aumento de la fuerza de trabajo crearía unos 51,000 empleos adicionales en Estados Unidos e incrementaría en 2,000 millones de dólares para 2014, y casi en 10,000 millones de dólares para 2045.

También los trabajadores indocumentados del sector agrícola estarían en condiciones de solicitar su “tarjeta azul de residencia” y podrían pedir su Residencia Permanente Legal luego de cinco años en el país. Además, la ley remplazaría el programa H2-A por una nueva visa W, que les permitiría cambiar de empleos, brindándoles más protección para evitar condiciones de explotación. El nuevo sistema les garantizaría el pago del salario mínimo y, al mismo tiempo, exigiría a los empleadores la contratación de mano de obra nacional antes de la contratación de inmigrantes.

El programa también servirá como salvavidas para el sector rural de Estados Unidos. De acuerdo con una nueva investigación de la Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas y de la Asociación para la Nueva Economía de Estados Unidos (Partnership for a New American Economy), por cada 1,000 inmigrantes que se instalan en el país les siguen 250 ciudadanos nacidos en Estados Unidos, atraídos por una nueva oportunidad económica.

Son evidentes los beneficios de la reforma tan anhelada, pero luego de un comienzo promisorio en el Senado a principios de este año, el esfuerzo por una reforma migratoria general bipartidista ha llegado a un impasse en la Cámara de Representantes.

Si el Congreso no aprueba la reforma migratoria que beneficia tanto a empleadores como a trabajadores, será mayor la escasez de mano de obra en Estados Unidos. Al mismo tiempo, la agricultura estadounidense se expone a perder su margen competitivo con respecto a otras economías de rápido crecimiento en la región.